La Prensa manipula información sobre MIFAPRO

Pese a la desinformación que genera la Prensa al servicio de los sectores más reaccionarios, el Programa Mi Familia Progresa es la única respuesta seria al problema de la pobreza extrema en Guatemala.

Vaya si conoceré a mi gente. Hace apenas una semana mencionaba en mi columna "Rotundo tapaboca" publicada en el Diario de Centroamérica los exitosos resultados que en materia de educación, salud y mejoramiento de condiciones de vida le ha generado el programa Mi Familia Progresa (Mifapro) a sus beneficiarios y advertía que si los mismos hubiesen sido desastrosos, la prensa nacional se habría esmerado en divulgarlos ampliamente. Como no fue así, la nota no mereció mayor espacio e, inclusive, algunos medios donde ha prevalecido una campaña hepática e irracional contra el Programa, ni siquiera le dieron cobertura.

Pues bien, dicho y hecho. La Prensa ninguneó el estudio realizado entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Nacional de Salud Pública de México (INSPM) cuya conclusión más significativa es: "EL EFECTO POSITIVO EN EL GASTO Y CONSUMO DE LOS HOGARES, Y EN INDICADORES DE MERCADO LABORAL INDICAN QUE MIFAPRO DEBE SOSTENER LA ESTRATEGIA". A cambio le dio cobertura amplísima (incluso exagerada) a otro presentado por Acción Ciudadana, pese a que este último se desarrolló con una metodología muy limitada y poco apropiada para medir impactos de esta naturaleza (Además de que no es la especialidad de sus expertos).

Cabe advertir, incluso, que pese a la manipulación mediática, los resultados de este último estudio no son precisamente negativos para MIFAPRO, pese a las ansias perversas de ciertos periodistas así los interpretan.

Veamos algunas de las diferencias en las investigaciones:

Acción Ciudadana concentró su actividad en UN solo departamento, Chiquimula, donde entrevistó a 526 personas, pero de las cuales sólo 176 eran beneficiarias. Es decir, 33% de la muestra. Pero resulta que el programa llega a 22 departamentos y cubre a más de 800,000 familias en 307 municipios. Además, Chiquimula no fue de los primeros departamentos en ingresar al Programa.

El Informe BID – INSPM se realizó en 8,696 hogares de 169 sectores censales y se enfocó en temas mucho más amplios (Consumo, educación, salud de niños y mujeres, nutrición, actividades económicas e indicadores de bienestar). Algo más: analizó separadamente a los municipios incorporados en 2008 y los de 2009 y 2010, mecanismo indispensable para evaluar, porque obviamente no todos tienen el mismo tiempo de recibir la asistencia.

Acción Ciudadana mide aspectos muy generales (además de haber visitado un solo departamento) y algunos de ellos los contrapone empíricamente a informes especializados. Por ejemplo, esta agrupación afirma que “no se percibió impacto significativo en la asistencia de niños a la escuela, debido a que la mayoría de encuestados afirma que enviaron a sus hijos, debido a la gratuidad”.

Ojo con esto: hay municipios a donde llega Mifapro y hay municipios en donde no está. La gratuidad es a nivel de todo el país. Sólo esto hace una diferencia lógica y fácilmente medible que, creo, no amerita mayor explicación. Como señala el informe de AC, sólo una pequeña parte de entrevistados eran beneficiarios del programa.

Empero, anteriormente otro estudio realizado por AID (tampoco financiado por el Gobierno) midió el Impacto en los municipios con Mifapro y sin el Programa, y estableció, clara y meridianamente, que en aquellos a donde llegan las transferencias condicionadas no sólo son mejores los resultados educativos sino muestran el crecimiento más acelerado en cobertura de los últimos ocho años.

Sería interesante que AC explicara algo que no entienden algunos reporteros (y editorialistas menos) y es lo referente a: “También se critica el método de selección, por no haberse enfocado en quienes afrontan extrema pobreza”. Y digo que sería interesante porque si algunos conocen al dedillo estos métodos son sus expertos y, cuando se les han explicado, jamás han objetado el procedimiento, precisamente porque se trata de un proceso que sigue el Mapa Nacional de Pobreza y no criterios políticos, como suele afirmarse con la clásica ligereza de algunos comentadores de los diarios.

Por aparte, el Periódico interpreta que: “Las transferencias mensuales de Q300 que reciben los beneficiarios de Mi Familia Progresa (Mifapro) no bastan para aliviar sus condiciones de pobreza y pobreza extrema ni para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza”.

¡Brujo! Dirían en mi pueblo. Si alguien pensó alguna vez que con Q300 mensuales se puede lograr semejante tarea, simplemente es un iluso o malinterpretó el objetivo de estos programas. Se requieren miles de millardos de quetzales para lograrlo, pero el dilema para Guatemala es que, a pesar de que empezó el proceso en 2008, ya va tarde en comparación con países que empezaron mucho antes.

Por supuesto que hay que atender las sugerencias de institucionalización y mejoramiento en distintas áreas. Nunca nadie ha negado ello. El Programa no es perfecto pero es perfectible. Empero, como bien señala el reporte del BID-INSPM: Mi Familia Progresa busca incrementar el capital humano de las nuevas generaciones para romper el círculo vicioso de la pobreza” y “El abordaje de este tipo de programas es de mediano/largo plazo”.

Es decir, pese a la manipulación que la Prensa hizo del tema, es un hecho que el programa Mi Familia Progresa está aportando resultados esencialmente positivos para el desarrollo humano (ya no sólo en educación y salud). Mejorar la capacidad de consumo, no hubiera sido posible sin esta iniciativa, sobre todo en un ambiente donde las crisis económico-financieras y los desastres naturales habrían causado una verdadera tragedia si la misma no se hubiese impulsado.

Lo que tenemos que aprender, y especialmente la Prensa, es a leer estos informes en su contexto real y en sus diversas variables (no sólo en la que impone la agenda coyuntural) para propiciar el debate serio, proponer sobre bases debidamente analizadas y dejando de lado los prejuicios con que se ha pretendido damnificar el mejor proyecto que se ha impulsado desde la esfera estatal en muchas décadas.

Estadísticamente, los resultados obtenidos en UN departamento no son suficientes para inferir un comportamiento negativo de todo el Programa. Claro, no pueden entender esto aquellos que tiene mal amueblado el cerebro y sólo buscan la oportunidad, en su abyecta mediocridad, de destacar aquello que no respaldan, tan solo porque no lo entienden.

¿Cómo que no es político?

¿Recuerda usted la famosa frase “Es la economía, estúpido” atribuida a James Carville, asesor del expresidente Bill Clinton y usada por éste durante la campaña electoral contra George H. Bush (padre)? La frase se popularizó e hizo aplicable en infinidad de actividades de la vida social. La política, por ejemplo, y viene al dedillo al ver cómo, aquí en Guatemala, se pretende disfrazar el rechazo del TSE a las aspiraciones presidenciales de Sandra Torres, como un acto “apegado a la ley y sin carácter político”. "Es política, estúpido", dan ganas de decir.

Disculpen, señoras y señores, pero están confundiendo las cosas. Miguel Solís, director del Registro de Ciudadanos más dos quintos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) cometieron un auténtico y desdichado linchamiento político al pronunciarse en un hecho que tiene mucho de político y muy poco de legalidad. De paso, han terminado de definir el sistema antisandrista impulsado por la oligarquía nacional, por medio de sus algunos de sus recaderos de la prensa escrita.

Aunque este linchamiento empezó hace tres años y medio, al conocerse el rechazo a las aspiraciones de la ex Primera Dama se incrementaron las pedradas. Por eso es que hemos visto a directores, editorialistas, columnistas y hasta uno que otro reportero que se arroga facultades opinadoras, quemando incienso ante lo que califican como un dictamen “apegado a la ley”. Lamento desilusionarlos.

La verdad es que se necesita ser muy cretino para afirmar que la decisión es algo “legal, no político”, porque eso satisface la salvaje sandrofobia que destilan estos individuos. Y es que las ilegalidades cometidas por Miguel Solís et al, son de una monstruosidad increíble y burda, al grado de que repiten, casi textualmente, los comentarios emitidos previamente por algunos de esos columnistas y “constitucionalistas” al servicio de los intereses oligarcas.

CADENA DE MONSTRUOSIDADES

Si el TSE dictaminó fraude de ley, ¿cuál fue su base legal para ello? El documento que emitió no lo explica. Por ende, el ente electoral asumió el papel de juzgador y emitió una sentencia sin más fundamento que una declaración política del Presidente y de la ex Primera Dama, haciendo caso omiso de la sentencia de divorcio que SÍ fue emitida por juzgado competente y por ende, con validez plena como evidencia legal.

¿Dónde y en qué ley se establece que las opiniones pueden ser tomadas como base para una sentencia? ¿Acaso no hay un principio constitucional vigente que establece que “nadie puede ser perseguido ni molestado por sus opiniones”.

Igualmente, si llegó a la conclusión de haberse cometido fraude de ley, ¿en qué momento Solís o el TSE le dieron cumplimiento al artículo 12 de la Constitución de la República en la parte que reza: “Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez competente y preestablecido”.

Lo anterior no aplica sólo al ámbito penal como afirman algunos de esos “constitucionalistas”. Es una norma que protege al individuo en CUALQUIER caso en que se ve involucrado en un litigio. Es un principio que la Carta Magna aplica a todo ámbito, sea civil, electoral, administrativo, laboral, mercantil, constitucional, etc.

Ninguna dependencia ni funcionario están facultados para ignorar órdenes emitidas por juzgado, pero Solís y las magistradas hicieron caso omiso de la condición de Sandra Torres de mujer soltera. Ya no es la esposa del Presidente. El vínculo matrimonial quedó disuelto. De no entenderlo así, Solís y el TSE están atentando contra la figura del divorcio y contra el sistema jurídico tradicionalmente establecido.

Con la decisión, el TSE ha legitimado a la aspirante para que acuda a las instancias judiciales correspondientes o, si prefiere, para abrirles proceso a los magistrados por los excesos cometidos en el desempeño de su cargo. No entender que estamos ante una decisión de tipo político y que el negarle sus legítimos derechos a Sandra Torres se ha pisoteado la institucionalidad, es abyecto y pervertido. Si un reto tiene el sistema jurídico, es demostrar que los derechos individuales son respetados.

¿Desde cuándo, entonces, pisotear los derechos constitucionales es actuar con base en lo “jurídico”? ¡Es política, estúpido!