¿Cómo que no es político?

¿Recuerda usted la famosa frase “Es la economía, estúpido” atribuida a James Carville, asesor del expresidente Bill Clinton y usada por éste durante la campaña electoral contra George H. Bush (padre)? La frase se popularizó e hizo aplicable en infinidad de actividades de la vida social. La política, por ejemplo, y viene al dedillo al ver cómo, aquí en Guatemala, se pretende disfrazar el rechazo del TSE a las aspiraciones presidenciales de Sandra Torres, como un acto “apegado a la ley y sin carácter político”. "Es política, estúpido", dan ganas de decir.

Disculpen, señoras y señores, pero están confundiendo las cosas. Miguel Solís, director del Registro de Ciudadanos más dos quintos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) cometieron un auténtico y desdichado linchamiento político al pronunciarse en un hecho que tiene mucho de político y muy poco de legalidad. De paso, han terminado de definir el sistema antisandrista impulsado por la oligarquía nacional, por medio de sus algunos de sus recaderos de la prensa escrita.

Aunque este linchamiento empezó hace tres años y medio, al conocerse el rechazo a las aspiraciones de la ex Primera Dama se incrementaron las pedradas. Por eso es que hemos visto a directores, editorialistas, columnistas y hasta uno que otro reportero que se arroga facultades opinadoras, quemando incienso ante lo que califican como un dictamen “apegado a la ley”. Lamento desilusionarlos.

La verdad es que se necesita ser muy cretino para afirmar que la decisión es algo “legal, no político”, porque eso satisface la salvaje sandrofobia que destilan estos individuos. Y es que las ilegalidades cometidas por Miguel Solís et al, son de una monstruosidad increíble y burda, al grado de que repiten, casi textualmente, los comentarios emitidos previamente por algunos de esos columnistas y “constitucionalistas” al servicio de los intereses oligarcas.

CADENA DE MONSTRUOSIDADES

Si el TSE dictaminó fraude de ley, ¿cuál fue su base legal para ello? El documento que emitió no lo explica. Por ende, el ente electoral asumió el papel de juzgador y emitió una sentencia sin más fundamento que una declaración política del Presidente y de la ex Primera Dama, haciendo caso omiso de la sentencia de divorcio que SÍ fue emitida por juzgado competente y por ende, con validez plena como evidencia legal.

¿Dónde y en qué ley se establece que las opiniones pueden ser tomadas como base para una sentencia? ¿Acaso no hay un principio constitucional vigente que establece que “nadie puede ser perseguido ni molestado por sus opiniones”.

Igualmente, si llegó a la conclusión de haberse cometido fraude de ley, ¿en qué momento Solís o el TSE le dieron cumplimiento al artículo 12 de la Constitución de la República en la parte que reza: “Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez competente y preestablecido”.

Lo anterior no aplica sólo al ámbito penal como afirman algunos de esos “constitucionalistas”. Es una norma que protege al individuo en CUALQUIER caso en que se ve involucrado en un litigio. Es un principio que la Carta Magna aplica a todo ámbito, sea civil, electoral, administrativo, laboral, mercantil, constitucional, etc.

Ninguna dependencia ni funcionario están facultados para ignorar órdenes emitidas por juzgado, pero Solís y las magistradas hicieron caso omiso de la condición de Sandra Torres de mujer soltera. Ya no es la esposa del Presidente. El vínculo matrimonial quedó disuelto. De no entenderlo así, Solís y el TSE están atentando contra la figura del divorcio y contra el sistema jurídico tradicionalmente establecido.

Con la decisión, el TSE ha legitimado a la aspirante para que acuda a las instancias judiciales correspondientes o, si prefiere, para abrirles proceso a los magistrados por los excesos cometidos en el desempeño de su cargo. No entender que estamos ante una decisión de tipo político y que el negarle sus legítimos derechos a Sandra Torres se ha pisoteado la institucionalidad, es abyecto y pervertido. Si un reto tiene el sistema jurídico, es demostrar que los derechos individuales son respetados.

¿Desde cuándo, entonces, pisotear los derechos constitucionales es actuar con base en lo “jurídico”? ¡Es política, estúpido!