Una gema de periodismo ignorante

La Prensa guatemalteca ha perdido todo pudor. Con tal de afianzar la agenda pro oligárquica, a algunos editores no les importa gritar su ignorancia.

En los días recientes hemos presenciado los esfuerzos de la Prensa guatemalteca para desprestigiar las movilizaciones que se han llevado a cabo en apoyo a las demandas de Sandra Torres para ser inscrita. Le achacan a los grupos de “acarreados”, como le llaman despectivamente a las personas de origen popular que asisten a estos actos, las “presiones” que ejercen sobre los tribunales. Hablan de jueves negros, de tensiones y de mil atrocidades más.  Es increíble la alharaca que han armado ante la expresión “Si no hay inscripción habrá revolución”, como si las mismas no fuesen asunto común y espontáneo, pero generalmente inofensivo en estas actividades.

Y sin embargo, vaya paradoja, esa Prensa es la que ha ejercido la más intensa de las presiones sobre las Cortes. Las han atosigado como nunca en la historia y hasta se atreven a insinuar en qué sentido debe pronunciarse, por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad. “Un fallo favorable a la candidatura, además de significar la virtual destrucción de la CC, arrastrará consigo la carrera profesional de quienes con su voto hagan realidad esa aberración jurídica, lógica y ética”, afirma, con proverbial torpeza, el editorial de Prensa Libre del miércoles 3 de agosto.

Y en una muestra increíble de ignorancia, en el espacio editorial de este jueves 4 de agosto el citado matutino afirma, con vaciedad digna de mejor causa: “A ello se debe agregar que estos jueces deben tener memoria prodigiosa para recordar los antecedentes, como la decisión de la CC en el caso Blandón”.

Nada de decisión. Fue una opinión consultiva.

Curiosamente, Siglo 21 llevaba este jueves como titular principal “CC bajo fuerte presión”, en referencia a los grupos que pernoctaron en los alrededores de la Corte y esperaron el desenlace de la vista pública en un marco de completa tranquilidad. Pero, coincidiendo en estulticia con el editorialista de Prensa Libre, horas más tarde subió a su página web una nota con un nada disimulado propósito de influir sobre los magistrados de la CC. “CC declaró en 1989 que la esposa de Vinicio Cerezo no podía optar a la Presidencia”, señala el mediocre matutino.

http://www.s21.com.gt/nacionales/2011/08/03/cc-declaro-1989-que-esposa-vinicio-cerezo-no-podia-optar-presidencia

El parangón, o mejor dicho, el activismo disfrazado de periodismo en que se incurre al equiparar aquel caso con el de Sandra Torres es grotesco. Afirma el autor que: “…la opinión consultiva de aquella época, la cual fue avalada por el actual presidente de la CC; Alejandro Maldonado, sirve como referente en la jurisprudencia guatemalteca”. 

¡Por Dios! ¿Cuál formación jurídica tendrán estos señores, el que garrapatea los editoriales de Prensa Libre y el que edita en Siglo 21? (Digo, en el caso de que tengan alguna formación en esa disciplina).

Creo conveniente explicarle a los editores lo siguiente, porque no se puede manipular así a la opinión pública.

La Constitución de la República establece en su artículo 272, Funciones de la Corte de Constitucionalidad: g) Compilar la doctrina y principios constitucionales que se vayan sentando con motivo de las resoluciones de amparo y de inconstitucionalidad de las leyes, manteniendo al día el boletín o gaceta jurisprudencial.

Lo anterior, traducido al buen chapín significa que sólo las resoluciones de amparo (sentencias, pues) forman jurisprudencia. El autor de la nota de Siglo 21 reconoce que se trata de una Opinión Consultiva, por ende, hay tales de que sea “referente en la jurisprudencia”.

Pero hay otro elemento toral: dicha opinión fue emitida a solicitud del Congreso de la República y no como producto de un litigio. Por ende, en ningún momento se escuchó, citó ni venció en juicio a la entonces Primera Dama, Raquel Blandón, tal como ordena el principio constitucional de derecho de defensa.

Solo ese pequeño detalle hace una diferencia de dimensiones cósmicas entre una Opinión consultiva y un fallo o sentencia, pero es lamentable que los responsables de formar opinión ni siquiera tengan una opinión formada al respecto.

Les recomiendo, muy sinceramente, consultar el libro sobre Derecho Administrativo de Hugo Calderón o bien, el de Jorge Mario Castillo González. Ambos explican muy claro estas diferencias.

Así que no son los “Acarreados” los del riesgo para los juzgadores. Sí lo son aquellos a quines no les importa pecar de ignorantes, y además, proclamarlo a los cuatro vientos, en su afán permanente de presionar desde el muro de impunidad construido desde las páginas de nuestros provincianos matutinos y/o vespertinos pro oligárquicos.