viernes, 17 de diciembre de 2010

Es mucho más que pisto

El calendario 2010 está muy cerca de caer para siempre, y durante esta época se acostumbra hacer un recuento de todo lo ocurrido durante los meses precedentes. Lo hacemos en lo individual y también es uno de los ejercicios favoritos de la prensa, un poco para compensar la falta de información amarillista.

Ayer, precisamente, un matutino practicaba un curioso ejercicio periodístico acerca del comportamiento de los presupuestos para seguridad y Salud y concluía que estos se estancaron en los últimos 10 años. Asume que, a más población, más alto presupuesto, lo cual así debería ser. El problema es que un presupuesto no necesariamente implica tener recursos reales.

En otras palabras, disponer de un elevado presupuesto no necesariamente implica que va a dar los resultados adecuados. Así se practicó durante muchas administraciones, pero es hasta ahora cuando se da un salto de calidad, al focalizar los recursos hacia las áreas prioritarias.

Un ejemplo de lo anterior es una conclusión plasmada en el reportaje, en cuanto a Educación: “Para el Ministerio las circunstancias han sido mejores, con un crecimiento de hasta el 39.2% en 2009, pero, al quitarle lo que corresponde a Mi Familia Progresa, queda en 25.2%”.

¿Por qué quitarle lo de Mi Familia Progresa? A estas alturas no se ha entendido que mejorar la cobertura de primaria nunca se lograría si no se estimulara a las familias que viven en la miseria a enviar a sus hijos a la escuela. Y tampoco se ha comprendido que el mejor estímulo, aquí, en Brasil, en Colombia o en Chile, ha sido ayudarlas con dinero (condicionado) para evitar que los menores tengan que dedicarse al trabajo infantil.

A estas alturas no solo la oposición política ha entendido que estos programas son eficientes, tanto así que hasta hacen propaganda con Mifapro. Pero los políticos no importan. Lo han reconocido entidades como el PNUD, el BID, el BM y Usaid, y muy pronto se conocerán los resultados de la línea basal.

Que el 27% de la matrícula escolar corresponda a beneficiarios de este programa es un logro imposible de alcanzar “si al Mineduc se le quita el dinero de Mifapro”.

miércoles, 15 de diciembre de 2010

¡Siempre dijimos la verdad!

Ahora me encantaría ver las caras de todos aquellos que han hecho del programa Mi Familia Progresa, el objeto de sus deseos… de los más perversos, claro. Y es que durante meses, años ya, oligarcas, diputados y diputadas de oposición, civiles y militares, directores de medios, editores y reporteros así como observadores, analistas y, no se diga, aspirantes presidenciales, se han lanzado con todas las baterías contra el programa.

Pero la verdad llega, unas veces más tarde de lo necesario, pero llega. Y en el caso de Mi Familia Progresa, siempre dijimos la verdad: es una iniciativa que busca mejorar los vergonzosos indicadores de salud materno - infantil, mejorar la cobertura escolar, garantizando la permanencia de los estudiantes. ¡Y se ha empezado a lograr!

Ya lo decía Olivier de Schutter, Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, durante su visita del 3 al 5 de septiembre de 2009: Desde sus inicios, el gobierno actual ha tomado un gran número de iniciativas con miras a mejorar la situación de los segmentos más pobres de la población.... Entre dichas iniciativas hay una serie de programas que coordina el Consejo de Cohesión Social, y el más importante es Mi Familia Progresa, que en este momento da cobertura a 136 municipios identificados como los más pobres del país”.

Y lo dijeron también el Banco Mundial y la Universidad Rafael Landívar, el PNUD y USAID:

Video proyecto dialogo

AL FIN SE HACE JUSTICIA

Quizá los más sorprendidos fueron los detractores, cuando Acción Ciudadana, entidad no gubernamental, no precisamente proclive a Mi Familia Progresa, presentó este lunes 13 de diciembre de 2010 los resultados de su segunda auditoría al Programa, y de la cual los medios han destacado su hallazgo fundamental: “NO HAY INDICIOS DE CORRUPCIÓN NI CLIENTELISMO EN MIFAPRO”.

A falta de mayor sustancia, es decir, de hechos negativos que resaltar (como hubiera sido el deseo de los enemigos del Programa) el Informe se centra en aspectos periféricos, básicamente operativos, pero que en nada afectan la transparencia ni el cumplimiento de los objetivos.  Siempre hemos dicho que el programa no es perfecto, pero sí es perfectible.

Tanto el informe completo como un resumen del mismo, pueden localizarse en este espacio.

QUE VENGA EL DEBATE

Siempre hemos creído y estimulado el debate serio. Creo que con los informes citados, además de las rendiciones de Cuentas cuatrimestrales y la información que se puede obtener en la página del programa, está demostrada hasta la saciedad la transparencia y eficiencia del mismo.

Afortunadamente, aunque aún a regañadientes, algunos de los detractores de oficio han empezado a reconocer los logros:

“No sólo el programa funciona sino que, además, Acción Ciudadana confirmó ayer que su manejo no hay evidencias de corrupción. Algo que ya Nineth Montenegro había tenido oportunidad de verificar, al anotar que a lo más que se llegaba era a la duplicación de beneficios para 126 familias. Una nimiedad en una operación que abarca casi a 700 mil familias. En suma, Mi Familia Progresa fue crucial en 2010 para evitar que hubiese más pobres en Guatemala y que los que ya hay se hundieran en la miseria”.

Otros, lamentablemente, siguen fieles a su agenda politiquero –mediática, tal el caso de La Hora, cuya nota publicada ayer, lunes 13 de diciembre de 2010, gravita entre lo irrisorio y lo ridículo, al desinformar a sus lectores de una manera asqueante:

Artículo en La Hora

Basta, entonces, de ataques politiqueros y sin fundamento, como los que se han producido desde el Congreso de la República o ciertos medios de comunicación y que NUNCA lograron demostrar anomalías.

Que venga ahora el debate pero alrededor de los temas sustantivos: cómo está mejorando el país su cobertura educativa, cómo se ha reducido el ausentismo escolar, cómo se pueden mejorar los servicios de salud y educación para hacer aún más eficiente el Programa, en fin, es urgente pasar del ataque a la propuesta.

Por nuestra parte, estamos satisfechos de que por fin se empiece a volver la vista hacia los resultados del Programa, sin dejar de reconocer la importancia de la fiscalización ciudadana, más eficiente cuánto menos despolitizada. Lo digo con la boca llena: “SIEMPRE DIJIMOS LA VERDAD”.

viernes, 3 de diciembre de 2010

¡Beneficiarios somos todos!

A estas alturas, lo más seguro es que cuando usted escucha acerca de los programas de Cohesión Social, lo primero que le viene a la mente está condicionado por todos los ataques que ha escuchado hacia los mismos: que no son transparentes, que esconden la peor de las corrupciones o que son tan solo una plataforma para la candidatura presidencial de la Primera Dama.

Y no conformes con ello, los titulares de los principales diarios del 1 de diciembre celebraban el hecho de que al aprobar el Presupuesto para el 2011, varias bancadas en el Congreso de la República se alegraron de ponerle “candados” al Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas, Mi Familia Progresa.

Todo este panorama se resume en una idea general: la conservadora sociedad guatemalteca se niega rotundamente a volver la mirada hacia las personas más pobres de este país. Para muchos capitalinos, está bien que los “indios” sigan olvidados allá en la montaña y, más bien, deberían de dar gracias a Dios de que por lo menos tienen tortilla y chile para comer.

La realidad es que muy pocas veces en la historia habíamos presenciado un ataque más salvaje hacia un programa gubernamental. Se ha cuestionado en el pasado la ayuda a los ex PAC, el resarcimiento a los familiares de víctimas de la guerra interna o los proyectos de planificación familiar, pero ninguno se había enmarcado en una batalla tan retrógrada como la presenciada en estos tres últimos años.

Lo peor es que nada, absolutamente nada, han demostrado. Incesante ha sido la tarabilla que repite y repite los mismos vacíos argumentos. De nada sirvió que la CC violentara el derecho de confidencialidad de las personas beneficiarias, porque no encontraron anomalía alguna. Pero está claro: el propósito es desprestigiar el éxito de los programas, aunque múltiples instancias locales e internacionales le estén dando la razón a los mismos.

En esa lucha, la oligarquía más cerril y los sindicatos más espurios han cerrado filas. No hay diferencia alguna entre los ataques, generalmente infundados, de Oscar Clemente Marroquín de los que emite, con lujo de impunidad y grosería, el ultraderechista Mario David García. Igual blande su espada (que no su pluma) el siempre polémico Julio Ligorría (hoy al servicio incondicional del Partido Patriota) que la diputada Montenegro, ayer y hoy al servicio de la Familia Campero.

Y en medio de todo esto, uno se pregunta: si no logran demostrar la oscuridad que pregonan, ¿por que no han tenido la ética y la hidalguía de reconocer los logros efectivos de estos programas? ¿Será que algún día se propiciará un diálogo franco y de altura, acerca de los resultados generados por las transferencias condicionadas?

Y si usted no lo cree, lo invito a visitar este link y que, muy especialmente, analice los mapas ahí presentados: es el Índice de Avance Educativo Municipal elaborado y recientemente presentado por USAID:



En esta digresión, menciono una interesante cita de Silvia Tejeda, habitual detractora de estos Programas:

“Es inconcebible que para la autodenominada oposición política guatemalteca el mejor tiempo de este gobierno lo haya pasado entretenida investigando el papel de una primera dama animada en imponer programas sociales desacostumbrados y que esta actividad haya acumulado la mayor tiempo (sic) de quienes no están de acuerdo, denigrándola y denigrándose” (Silvia Tejeda, “Cuál oposición”. elPeriódico, jueves 2 de diciembre de 2010?

Todos nos hemos preguntado lo mismo. ¿Por qué tenemos una oposición política tan bagre? ¿Por qué el criterio político aldeano que nos rige, nos lleva a confundir oposición con destrucción?

No, con los candados no le cerraron la puerta a Mi Familia Progresa. Se la están cerrando al Avance Educativo Municipal, se la están cerrando a la ampliación de la cobertura educativa, se la están cerrando a las posibilidades de mejores controles de salud, se la están cerrando a las posibilidades de dinamizar las economías locales, se la están cerrando a la formación del capital humano del futuro. Se la están cerrando al desarrollo, se la están cerrando a la dignidad. ¡Y así dicen que apoyan a los programas!

¿Cuándo entenderán que los beneficiarios no son solo los que reciben Q300 mensuales de Mi Familia Progresa? ¿Habrá forma de que algún día visualicen que más jóvenes en Escuelas Abiertas, son más ciudadanos creativos y emprendedores? ¿Cuándo se darán cuenta de que miles de guatemaltecos han empezado a comer por lo menos dos tiempos, gracias a que existen los Comedores Solidarios? ¿Cuándo comprendenderán que una sociedad sin gente en la miseria, necesariamente es una mejor sociedad. ¿Es muy difícil entender que LOS BENEFICIARIOS SOMOS TODOS?

jueves, 2 de diciembre de 2010

Rudos vs. Técnicos

La manera cómo la prensa interpreta (manipula) cierta información relacionada con los programas de Cohesión Social hace recordar las justas de lucha libre, donde el eterno dilema entre el mal y el bien se materializa en dos bandos irreconciliables: rudos contra técnicos. Veamos un par de ejemplos.

Óscar Clemente Marroquín, en su habitual columna en La Hora, cometió un desliz incalificable al comentar el dato de escolaridad del Informe de Desarrollo Humano 2009-2010 del PNUD. “No se reflejan los resultados”, afirmaba, en referencia a que la Tasa de Escolaridad Neta debía presentar mejores números, “si realmente Mi Familia Progresa fuese efectivo”.

Obviamente, Marroquín no es técnico. Por ello no se percató de que el informe recaba información hasta el año 2008, es decir, el año en que arrancó Mifapro y que para entonces solo cubría 89 de 333 municipios, con un total de 280,998 beneficiarios.

Por otro lado, la Tasa de Escolaridad Neta es el cociente entre el número de personas escolarizadas en cada nivel con edad escolar pertinente y el total de la población de ese grupo de edad (glosario del citado informe). Traducción: el impacto de Mifapro se mide evaluando aisladamente a la población escolar que atiende.

Pero no es todo. El sábado, de manera similar, elPeriódico comparó manzanas con peras para concluir que: “Mifapro con resultados dispares en cobertura educativa”. En realidad fue una manipulación absurda de los indicadores del Índice de Avance Educativo Municipal, elaborado por Usaid. La nota llega a la grosería de comparar datos como si el programa hubiese arrancado en todos los municipios al mismo tiempo y, más grave aún, como si ese fuera el único medio de propiciar la asistencia de los estudiantes.

Con estos ejemplos es pertinente recordar aquello de “zapatero a tu zapato”. Si un medio quiere enfocar un tema especializado, su gorda obligación es asesorarse por gente igualmente especializada. Y si en periodismo ocurre esto, ¿cuántas barbaridades no habrán cometido las fiscalizadoras del Congreso. ¿A quién le va usted? ¿A los rudos o a los técnicos?

Mario Antonio suscribe falacias

La columna publicada ayer por el periodista Mario Antonio Sandoval con el título “Los comentarios de un conocedor”, me hizo recordar aquellos redundantes anuncios de perfumes en los que se acude a la figura de un cantante de moda, para inducir al público a comprar “la misma fragancia que usa su estrella favorita”.

El artículo es una recopilación de citas textuales emitidas por el ex canciller Fernando Andrade Díaz-Durán durante una entrevista con elPeriódico, en las cuales destaca la visión pesimista del entrevistado hacia el Gobierno de turno y, muy especial pero desacertadamente, hacia los programas de Cohesión Social. Sandoval califica este análisis de “muy acucioso, certero y claro”. Es decir, con un argumentum ad verecundiam suscribe lo que asegura “el conocedor”.

Estoy y siempre estaré de acuerdo con las críticas hacia los programas de Cohesión Social. Nadie ha dicho que son perfectos, aunque todos creemos que son perfectibles. No obstante, a mi criterio personal, me parece que “su larga carrera en el gabinete, la Cancillería, la diplomacia y participación directa en etapas de la historia nacional” (vamos, ¿que espera para comprar este perfume?) tampoco lo autorizan para descalificar esa iniciativa social.

Veamos un repaso a las citas que emocionaron a Sandoval:

“Los programas de Cohesión Social no han tenido transparencia…”.

Pero…, no es necesario ser conocedor para emitir semejante criterio. Durante estos tres años lo han repetido casi por inercia, tirios y troyanos, moros y cristianos, demócratas y republicanos, patriotas y camperos. Sin embargo, ¿alguien ha podido demostrar la falta de transparencia?

Lo que hemos visto alrededor de este tema es abundante ignorancia. Y lo digo con respeto. Y el problema no es eso; lo es el hecho de repetir un argumento falaz ad eternum y utilizar la calidad de “conocedor” para contaminar a otros.

Me imagino, por lo que afirma, que ni uno ni otro han visitado jamás el sitio.

Mi Familia Progresa

Quizá no es la panacea, pero ahí está una fuente para incentivar el espíritu inquisidor y buscar la verdad (¿qué, no es esa la función primigenia del periodismo?).

Ahí encontrarán procesos, temas administrativos, gestión financiera, beneficiarios, resultados, etc. Por supuesto, se trata de finanzas públicas y se requiere un mínimo de conocimientos específicos para comprender muchos de los temas relacionados, empero, eso no implica oscuridad. Lamentablemente, aún no se ha inventado el Sicoin inspirado en la metodología de Plaza Sésamo.

También afirma el ex Canciller:

“…hubo que iniciar acciones judiciales para fiscalizarlos y saber cómo se manejan los recursos y a quiénes llegan”.

Le refresco la memoria:

Lo que estaba en juego no era el facilitar el trabajo de los fiscalizadores. Era el derecho individual consignado en el artículo 30 de la Constitución de la República. Admiro la actitud del Presidente Colom de acatar la decisión de la Corte de Constitucionalidad, aunque en lo personal siempre sostendré que fue una sentencia no apegada a derecho, con el agravante de que ahora tenemos una sociedad donde unos gozan de la confidencialidad y otros no.

Y sin embargo, disculpen de nuevo:

Me imagino, como dice Díaz-Durán, que ahora ya saben “cómo se manejan los recursos y a quienes llegan”.

¡Perfecto! ¡Se han dado cuenta, entonces, de que ahí no hay corrupción ni anomalía alguna. Que los recursos están llegando a 1,970,687 niños de 230 municipios. ¿Acaso no es para alegrarse?

Les pregunto: ¿Dónde están las denuncias correspondientes?

Artículos como el citado justifican esta “Balanza de Fuego”. Ya vemos que hasta los conocedores se equivocan.